Caminar por las metrópolis de América Latina —desde São Paulo hasta Ciudad de México o Buenos Aires— es presenciar la materialización espacial de la desigualdad extrema. La ciudad moderna latinoamericana no está diseñada para garantizar el derecho al hábitat de sus ciudadanos, sino para funcionar como una enorme plataforma de valorización del capital financiero. La financiarización de la vivienda y la especulación del suelo urbano expulsan sistemáticamente a las clases trabajadoras, al tiempo que las exponen a los impactos más brutales del colapso climático.
La geografía de la exclusión y la gentrificación
El desarrollo urbano reciente está impulsado por fondos de inversión inmobiliaria que construyen torres de lujo e infraestructuras exclusivas en los centros y zonas de alto valor de las ciudades. Estos desarrollos a menudo permanecen vacíos, funcionando como reservas de valor globales, mientras provocan un aumento generalizado de los precios del suelo y el alquiler. Este proceso de gentrificación desplaza a los habitantes históricos, empujando a los trabajadores y sectores populares hacia periferias cada vez más alejadas, sin acceso adecuado a transporte público, salud o saneamiento básico. La ciudad se fragmenta en enclaves de riqueza fortificada rodeados por un océano de precariedad habitacional.
Periferias vulnerables y el apartheid climático
Esta segregación espacial tiene consecuencias ecológicas fatales. Al ser empujadas a terrenos desvalorizados, las poblaciones empobrecidas terminan asentándose en áreas de alto riesgo ambiental: laderas inestables propensas a deslizamientos de tierra o márgenes de ríos sujetos a inundaciones catastróficas. Cuando llegan los eventos climáticos extremos —huracanes, tormentas torrenciales o picos de calor sofocante—, los impactos no son democráticos. La infraestructura verde y el aire acondicionado protegen a los barrios ricos, mientras las favelas, villas miseria y colonias populares enfrentan la pérdida de sus hogares y sus vidas. El cambio climático, en este contexto urbano, actúa como un implacable multiplicador de la desigualdad de clase.
Recuperar el derecho a la ciudad
La respuesta a esta crisis urbana no puede dejarse en manos del libre mercado, que es precisamente el motor del problema. Es urgente desmercantilizar la vivienda e intervenir directamente en la planificación urbana. Esto implica gravar drásticamente la propiedad ociosa y la especulación inmobiliaria, promover la construcción masiva de vivienda social pública, urbanizar integralmente los asentamientos informales con infraestructura resiliente y recuperar la tierra urbana para su función social. La ciudad debe volver a ser un espacio de convivencia democrática, no un activo en las carteras de inversión.
