El agua, fundamento biológico irremplazable de la vida, se ha convertido en América Latina en uno de los campos de batalla políticos y sociales más tensos del siglo XXI. Frente a la agudización de sequías severas exacerbadas por el cambio climático, la respuesta hegemónica en diversos países de la región ha sido profundizar la mercantilización del recurso. La transformación del agua de un bien común y un derecho humano fundamental a un activo financiero cotizable expone la crueldad intrínseca de un modelo económico que prioriza la acumulación corporativa sobre la supervivencia comunitaria.
El modelo chileno y el saqueo institucionalizado
El caso de Chile es paradigmático. Su Código de Aguas, herencia directa de la dictadura militar y sostenido en democracia, separó la propiedad de la tierra de la propiedad del agua, creando un mercado libre donde los derechos de aprovechamiento son privados y a perpetuidad. El resultado es devastador: grandes empresas mineras y agroexportadoras (como la industria de la palta en Petorca) acaparan legalmente el agua para sus cultivos y procesos industriales, mientras que las comunidades campesinas y los habitantes locales ven cómo sus ríos y pozos se secan. Literalmente, el sistema permite que florezcan plantaciones de exportación mientras los ciudadanos deben recibir agua potable racionada en camiones cisterna.
Las zonas de sacrificio ambiental
Esta lógica de desposesión crea lo que los movimientos socioambientales denominan “zonas de sacrificio”. Son territorios, habitados predominantemente por poblaciones vulnerables y empobrecidas, que el Estado y el capital deciden entregar a la devastación industrial —minería, refinerías, monocultivos— bajo la excusa del “desarrollo nacional”. En estas áreas, el aire es tóxico, la tierra es estéril y el agua está contaminada con metales pesados o agroquímicos. Las vidas de quienes habitan estos territorios son consideradas descartables, daños colaterales aceptables en la hoja de balance de las corporaciones transnacionales.
La desmercantilización como imperativo de vida
Abordar la crisis hídrica desde las lógicas del mercado es una sentencia de muerte para millones de personas ante el avance del calentamiento global. Permitir que el capital dicte la distribución del agua consolida una forma de apartheid hídrico. La justicia social y climática en América Latina exige una ruptura total con este modelo: la nacionalización y gestión comunitaria de las cuencas, la protección constitucional del agua como un bien inapropiable y la priorización absoluta del consumo humano y el sostenimiento de los ecosistemas por encima de cualquier uso extractivo o industrial.
